El sistema de salud argentino es único en el mundo en el que conviven el público, la seguridad social y las prepagas. Todos están con graves problemas de financiamiento y en el los últimos mencionados los afiliados ven como se incrementan las cuotas mensualmente con salarios que no acompañan de igual manera. En INS hablamos con el Lic. Hugo Magonza, Pte. de ACAMI, Vicepresidente de ADEMP y Director general del CEMIC, para conocer la mirada de la coyuntura según los financiadores del sistema privado.
¿Cómo está actualmente la situación del sistema de salud en la República Argentina?
“El sistema de salud está en una de las crisis más profundas de sus últimos veinticinco años. Hemos pasado situaciones similares desde el punto de vista del contexto país ya que estas generan problemas económicos y sociales, como la de 2001 o la hiperinfalción por ej., pero ninguna como la de ahora, en la cual tenemos un contexto de extrema gravedad. Existe un altísimo nivel de la población que está empobrecida, tenés una muy elevada cantidad de personas con trabajo informal con inflación galopante, y aunque parece estar cediendo, tiene niveles muy altos. Es un sistema de salud que entra golpeado, porque a diferencia con otras momentos históricos el país estaba mejor y el sistema estaba entero. Ahora no lo está y la sociedad tampoco”.
¿La medicina privada ha sufrido un aumento del 90%?
“Es un número promedio y cada entidad fue aumentando aproximadamente en forma parecida. Lo que ocurre es que se produce un efecto que de alguna manera el gobierno mismo favorece. Durante doce años se pisaron los precios de la medicina prepaga, que aumentaron en ese período de control de precios y regulación un 8.000%, contra un costo de vida en esa misma cantidad de años de 14.000%. Entonces, el día que te liberan en la que todos están en una situación sumamente precaria económicamente con subsidios otorgados pero insuficientes y que además van a desaparecer, te encontrás con la necesidad intentar de recomponer rápidamente el precio de la cuota del momento, porque la plata que se perdió en el pasado no se va a recuperar nunca. La realidad impone que no podés hacerlo todo junto, porque la población no está en las mismas condiciones, para afrontar lo que debería ser una recomposición del 100% más la inflación mensual”.
¿Por lo que está diciendo todavía faltan muchos incrementos?
“Hay que tratar de entender que el sistema de salud a través de sus entidades ha hecho un esfuerzo importante en planificar que la recuperación de la cuota con respecto al costo se extienda al menos durante por lo menos un año, porque la inflación del mes de diciembre fue veinticinco y si hubo un aumento de cuota del cuarenta, ahí recuperaste quince puntos. Pero todavía te están faltando ochenta y cinco. Yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de recuperar prontamente toda la cuota para ponerla al mismo nivel del 31 de Diciembre de 2011, y así recuperar lo que se perdió en doce años”.
¿Esta situación ha generado que mucha gente se dé de baja o que se estén bajando de plan?
“Siempre que hay un aumento significativo de precio, hay una restricción de la demanda, pero hay que pensar que a la salud la gente la valora enormemente y en este caso la salud privada, porque entiende que es un beneficio que tiene que ver con su confort, con su seguridad con algo que es relativamente inelástico al precio. En tal sentido se ha notado un aumento importante de caída de cartera por encima de meses anteriores, eso es una realidad. Todos los meses se producen bajas, y por ahora se puede estimar un incremento de 50% si lo comparamos con las bajas habituales de meses anteriores. Todavía falta al menos un año para que el país acomode sus precios relativos y la gente pueda hacer lo mismo con sus ingresos”. “
¿Es bueno para las empresas de medicina Prepaga ser elegidas como una OS más y estén obligadas a pagar al fondo compensador?
“La realidad es que como está armado esto, no sé si es tan conveniente. Yo me preguntaría: ¿Es bueno tener un fondo compensador?. Seguro que lo es. He propuesto con otros colegas generar un fondo nacional para el enfrentamiento de las enfermedades de alto costo. Debemos reconocer que todos somos pobres ante el sistema de salud, si tenemos en cuenta que las enfermedades de alto costo le cuestan al sistema desde $600 mil a $7 millones de tratamiento por mes. Nadie puede pagar estos valores si no es a través de un modelo solidario. Ese fondo que hoy está, según algunas Obras Sociales muy desfinanciado, destina del 80% al 90% del dinero a discapacidad social, y de ese gasto por discapacidad el 50% es colegio, transporte y otros gastos, es decir que solamente queda un 10% para enfrentar los medicamentos o tratamientos de alto costo. Un sistema a mirar es el de Uruguay que funciona bastante bien. La realidad es que entrar en el sistema de la Seguridad Social compitiendo de igual forma, pero teniendo que aportar el 20% de la diferencia de los aportes y contribuciones y el valor de la cuota, lo primero que hace es encarecer el sistema trasladando a las personas ese monto sobre el valor diferencial. Entonces cuando uno va al Fondo de Redistribución a reclamar, este tiene muy pocos recursos para devolver por los tratamientos realizados. De esta manera del total del 100% del gasto, con suerte le está llegando entre un 2% o 3% con una demora aproximada de un año de realizada la prestación. Entonces aportar al Fondo de Redistribución Solidaria una supra cuota para no retirar nada en el futuro, es un sobrecosto con ningún beneficio, con una inflación que te come cualquier erogación que puedas hacer ahora y compensada después”.
¿Considera que es necesario reformular el sistema a futuro?
“Absolutamente, es el único camino. Estoy muy preocupado porque a lo largo de todos estos años la gran mayoría de la gente, incluyendo los propios dirigentes de nuestro sector y algunos de la Seguridad Social, por lo único que se han preocupado es por incrementar los ingresos, sabiendo que los costos en el sistema de salud son siempre superiores al costo de vida y crecientes al infinito. En resumen, nunca van a dejar de crecer”.
¿Por qué?
“Porque hacemos todo lo posible para que la gente viva más y mejor y así será siempre porque son los objetivos de nuestras organizaciones. Entonces, sabiendo esto, trabajar solamente por los ingresos es un error gravísimo. Hay que trabajar sobre los costos y hacerlo más eficiente. Hay muchísimas maneras de reducir costos que no disminuirían la calidad del servicio, sino que la incrementaría y se podrían redireccionar partidas para atender más y mejor, incluso a personas que están afuera del sistema”.
¿Se genera mucho estrés en el afiliado ante esta problemática?
“La realidad es que acá hay algo que se ha olvidado, y es que la gente tiene derecho a complementar coberturas. Cualquier persona solamente por ser ciudadano argentino, o habitante permanente de la República Argentina, tiene derecho al sistema de salud público. Si trabaja en relación de dependencia, monotributista o un trabajador independiente que aporta al sistema, tiene derecho a la seguridad social. Si paga de su bolsillo, tiene derecho a tener una cobertura médica privada. Lo lógico sería que pudiera complementar los tres sistemas sin tener que pagar tres veces por lo mismo”.
¿Por qué las personas tienen que pagar tres veces por lo mismo?
“Es que el sistema de por sí es injusto, inequitativo, y de hecho le coarta los derechos a las personas cuando no se les deja elegir la posibilidad de aumentar su cobertura. Si pudiéramos complementar los tres sistemas, lo haríamos siempre y cuando hubiera un sistema judicial con una normativa súper clara, porque uno de los mayores problemas que tenemos hoy es la inseguridad jurídica. Podría ser un plan parcial en el que se pudiera complementar la cobertura de la medicina privada con la del PAMI y con la del sistema público, pagando probablemente la mitad de la cuota, y de esta manera utilizar ese dinero en los servicios restantes que el sistema no me brinda porque yo decidí acordarlo previamente. Esto conlleva un riesgo muy grande, porque la industria del juicio en el sistema de salud es enorme y se lleva más del 7% del gasto en salud total del país”
¿Cómo esta la situación de los prestadores?
“Más allá de algunos casos particulares en los que pueden imponer condiciones por estar en zonas sin competencia, todos dependen de las OS y las Prepagas y han sufrido en términos de ingresos más que los financiadores, porque no han trasladado el 100% de los aumentos de la medicina privada, sobre todo en los últimos 3 o 4 años. Paralelamente algunos financiadores con números ajustados, han demorado el tiempo de pago por los servicios prestados y también recurrieron al débito sobre una factura por determinada prestación, es decir pagar un monto menor al facturado, generando un reclamo que en la negociación suele generar una pérdida del monto a cobrar mas allá de las razones esgrimidas. Lo que si se pierde es mucho tiempo, porque una refacturación tiene demoras importantes que van de 3 a 6 meses. Algunas pocas empresas pagan a 30 días, pero la mayoría lo hacen a 60 y 120 dias que en épocas devaluatorias e inflacionarias es un combo letal”.
¿La pandemia generó mayores inconvenientes?
”La pandemia fue una desgracia que hasta hoy tienen consecuencias, porque si bien esto ocurrió en 2020, es bueno recordar que la gente no se venía a atender, provocando pérdidas a los prestadores hospitalarios que perdieron cuatro facturaciones completas sobre un total de doce, llegando a ser un 33% de la facturación neta de todo el año. Los hospitales estuvieron funcionando permanentemente y pagando salarios a todo el personal, incluídos aquellos que no podían trabajar por ser pacientes de riesgo. Además por las prestaciones realizadas recibieron aumentos de aproximadamente el 20% contra una inflación del 36%. En el año 2021 comenzó lentamente la recuperación para llegar a un comportamiento casi normal en 2022 pero con precios deprimidos. Por tal motivo los prestadores llegan a la post pandemia con facturaciones irrecuperables y montos por debajo de los financiadores. Otro tema importante a recordar es que por los problemas del sistema sanitario sostenidos por muchos años, en el año 2001 se determina la Emergencia Sanitaria vigente hasta hoy. En ese proceso de más de 20 años los prestadores se han endeudado con el fisco por el no pago de cargas sociales y otros tributos. Entre un 75% y 80% de los prestadores están en deuda con el fisco, y en el caso de darse de baja dicha emergencia, el Estado podría reclamar la deuda y ninguno de ellos podría pagarla, ya que además tienen importantes deudas de gastos corrientes con sus propios proveedores de insumos y el sistema financiero. La situación es muy difícil ya que debemos sumarle los juicios por mala praxis y que prestador está sometido a una enorme presión por parte del Ministerio de Salud con más de treinta mil normas y procesos de habilitación muy costosos”.
¿Qué pasa con los trabajadores de la salud y sus ingresos?
“La realidad es que se mal pagó a los equipos de salud, aunque se ha tratado de cumplir las paritarias y en muchos casos en cuotas, sabemos que estos acuerdos están por debajo del costo de vida y los salarios han perdido contra la inflación. De la misma manera ocurre con los honorarios profesionales de quienes trabajan dentro de los hospitales, ya sea por locación de servicio en la consulta o por sueldos que han sufrido las mismas consecuencias de los demás trabajadores en relación de dependencia”.